Casi la mitad de los mexicanos (43.7%) manifestó que no estaría dispuesta a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, y uno de cada ocho (12.4%) respondió estar de acuerdo con la frase “muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres”, revela la Encuesta Nacional de Discriminación 2010, en la que se destaca que la falta de empleo es el principal problema que enfrentan los jóvenes en México, seguido de las adicciones
La encuesta —que se dará a conocer oficialmente el martes— fue realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y el Área de Investigación Aplicada del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, e incluyó la visita a 13 mil 751 hogares con información en torno de 52 mil 95 personas de todas las entidades federativas.
Los resultados permitieron la comparación entre 11 regiones geográficas, las 10 zonas metropolitanas de mayor población y cuatro zonas fronterizas.
Del total de personas encuestadas, 43.7 manifestó que no estaría dispuesto a permitir que en su casa vivieran personas homosexuales, 35.9% dijo que no dejaría que enfermos de sida habiten su hogar y 26.6% no alojaría extranjeros.
A la pregunta de qué tan positivo o negativo es que la sociedad esté compuesta por personas con diferentes orientaciones o preferencias sexuales, 32.8% contestó que no era ni positivo ni negativo; 34.7% externó que era muy positivo o positivo, y 27.9% que era negativo o muy negativo.
Más de un tercio (35.6%) de los jóvenes de entre 18 y 29 años, establece que la falta de oportunidades laborales es el principal problema al que hace frente, seguido de las adicciones, con 11.1 por ciento.
Si se considera sólo a los que tienen entre 12 y 17 años, la mención primordial fueron las adicciones, con 20.7, y después el empleo, con 12.3 por ciento.
En materia de credibilidad se reflejó, en una escala del 1 al 10, que la familia es la mejor calificada con 9, seguida de las universidades públicas con 8.
Los entrevistados de 12 años o más, al mencionar los mayores factores de división en el lugar donde viven, dijeron, en una proporción de seis de cada 10, que la riqueza divide “mucho”, mientras que 46.9 por ciento se refirió a los partidos políticos.
En tanto, 9.1 por ciento refirió estar de acuerdo con que “los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente”, cifra que se eleva a 14.2 por ciento en el caso de los entrevistados sin escolaridad.
Del total de los encuestados, 26 por ciento indicó que alguna vez ha sentido que sus derechos no han sido respetados “por no tener dinero”; 20.2 por ciento, por su “apariencia física”, y 19.8 por ciento, por su edad.
Al cuestionar cuál es el principal problema de las mujeres en México hoy en día, 21.3 por ciento señaló el empleo; 14.9 por ciento, los relacionados con la inseguridad, y 11.4 por ciento, de maltrato, acoso y violencia.
Las personas con facultades diferentes, al ser cuestionadas si estaban de acuerdo con la frase: “En México no se respetan los derechos de las personas con alguna discapacidad”, 65.1 por ciento respondió afirmativamente, y 69.7 por ciento estuvo muy de acuerdo o de acuerdo con que la sociedad no los ayuda porque no conoce sus problemas.
Discapacitados, contra aeropuerto y aerolíneas
••• El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (Conadis) solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en México, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, medidas de seguridad sobre la atención a las personas con discapacidad para que sus derechos no sean violentados, y poder portar dentro de las aeronaves muletas, bastones, sillas de ruedas, y ayudas motrices eléctricas y no eléctricas, sin dar aviso con 24 horas de anticipación.
El Conadis se pronunció luego de que Carlos Ríos Espinosa, miembro del Comité de Expertos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ante la ONU, denunció que fue discriminado por empleados de la aerolínea Air France por no avisar 24 horas antes que viajaba con silla de ruedas eléctrica, y fue privado de su libertad junto con su asistente por haber grabado con su teléfono celular la negación del acceso y la forma en que elementos de seguridad quisieron quitarle el teléfono.
El Conadis destacó que, entre varias leyes, los empleados de Air France y de seguridad infringieron el artículo 33 de la Ley de Aviación Civil de México, que cita: “Los concesionarios y permisionarios deberán adoptar las medidas necesarias que permitan atender de manera adecuada a las personas con discapacidad, así como a las de edad avanzada”.
Ante estos hechos, exhortaron a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a las de la SCT y a las aerolíneas mexicanas y extranjeras a que tomen las medidas necesarias para mejorar la atención que se brinda a personas con discapacidad.
11 de abril de 2011
Alarmante ataque sexual a niños; 91 casos en Tabasco
Estadísticas de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la organización 'Aldea por los niños, y la Facultad de Psicología de la UNAM, indican que Tabasco es uno de los estados donde ha aumentado de manera alarmante el abuso sexual contra niños, pues en 16 meses hay registrados 91 casos. Señalan que tan sólo en el 2010 se registraron 83 casos y en lo que va del 2011 tienen conocimiento de 8 abusos sexuales contra menores. Afirman que quienes abusan de los niños son principalmente sus parientes más cercanos, como padrastros, tíos, abuelos y primos, incluso hasta padres. Al respecto, Patricia Osorio Lastra, directora de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, lamentó que en los últimos años se haya incrementado en Tabasco los casos de maltrato infantil, de tal forma que en 2010 hayan atendido alrededor de 177 denuncias de maltrato de infantes, de los cuales 41 fueron por abuso sexual, 42 por violación y 94 por maltrato físico y omisión de cuidado.
En lo que va del 2011 la procuradora informó que han atendido 55 denuncias de maltrato infantil, de los cuales 25 son por ataques físicos, 15 por omisión de cuidado, cinco de abuso sexual y tres de violación. La funcionaria aclaró que el abuso sexual es cuando los adultos tienden a tocar las partes de los menores o a obligar a que éstos los toquen; mientras que la violación es la consumación del acto sexual a través de la penetración. Osorio Lastra expuso que en la mayor parte de los casos que la Procuraduría ha atendido, el mayor porcentaje son personas cercanas al menor, como padrastros, tíos, abuelos y primos e incluso los propios padres. “Nosotros atendemos todos los casos que nos denuncian ya sea por alguna llamada anónima o porque vengan las personas aquí y nos digan que algún niño está siendo víctima de maltrato, por lo que de inmediato procedemos con el personal que tenemos aquí e iniciamos la denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado”, expuso.
Por su parte Alejandra Arias, presidenta de la ONG 'Aldea por los niños', afirmó que en los últimos años se ha registrado de forma alarmante un incremento en los casos de abuso sexual infantil, ya que mensualmente tienen documentados entre 30 a 40 casos. La promotora y defensora de los derechos de la infancia afirmó, que la mayoría de las víctimas son niñas de entre 5 a 6 años, que viven en comunidades rurales de los municipios del Estado, en donde existe mucha ignorancia sobre las instancias a las que se deben de recurrir en caso de abuso sexual y violación. Además de que lamentó que actualmente muchos de los casos queden impunes, pues la mayoría de los niños que son objeto abusados sexualmente son amenazados por sus abusadores con asesinarlos si llegan acusarlos con sus padres, y en caso de que así fuese, existen muchas madres de familia que han llegado a permitir el abuso de sus hijos, cuando el agresor llega a ser el padrastro.
La activista aseguró que es urgente que los legisladores y autoridades responsables hagan modificaciones al código penal, ya que actualmente a los violadores de niños se les castiga con menos de ocho años; mientras que los padres que incurren en el delito de omisión de cuidado son castigados con dos años de cárcel. Ruth González Serratos, catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que la edad promedio de la víctimas es de 5.7 años y el 77 por ciento son niñas, mientras que en todos los casos la víctima conocía al agresor: el hermano en 19 por ciento; el padrastro en el 18 por ciento; el tío en un 16 por ciento y el padre en un 15 por ciento. González Serratos manifestó que los menores abusados sexualmente presentan un síndrome de estrés postraumático que se manifiesta en alteraciones en los hábitos escolares en el 40 por ciento de los casos; en hábitos del sueño 10 por ciento y presentan además miedo a salir en un 70 por ciento; miedo a algún hombre en específico, a adultos en general, a que la madre sea agredida y a salir a jugar en un 60 por ciento.
En lo que va del 2011 la procuradora informó que han atendido 55 denuncias de maltrato infantil, de los cuales 25 son por ataques físicos, 15 por omisión de cuidado, cinco de abuso sexual y tres de violación. La funcionaria aclaró que el abuso sexual es cuando los adultos tienden a tocar las partes de los menores o a obligar a que éstos los toquen; mientras que la violación es la consumación del acto sexual a través de la penetración. Osorio Lastra expuso que en la mayor parte de los casos que la Procuraduría ha atendido, el mayor porcentaje son personas cercanas al menor, como padrastros, tíos, abuelos y primos e incluso los propios padres. “Nosotros atendemos todos los casos que nos denuncian ya sea por alguna llamada anónima o porque vengan las personas aquí y nos digan que algún niño está siendo víctima de maltrato, por lo que de inmediato procedemos con el personal que tenemos aquí e iniciamos la denuncia ante la Procuraduría de Justicia del Estado”, expuso.
Por su parte Alejandra Arias, presidenta de la ONG 'Aldea por los niños', afirmó que en los últimos años se ha registrado de forma alarmante un incremento en los casos de abuso sexual infantil, ya que mensualmente tienen documentados entre 30 a 40 casos. La promotora y defensora de los derechos de la infancia afirmó, que la mayoría de las víctimas son niñas de entre 5 a 6 años, que viven en comunidades rurales de los municipios del Estado, en donde existe mucha ignorancia sobre las instancias a las que se deben de recurrir en caso de abuso sexual y violación. Además de que lamentó que actualmente muchos de los casos queden impunes, pues la mayoría de los niños que son objeto abusados sexualmente son amenazados por sus abusadores con asesinarlos si llegan acusarlos con sus padres, y en caso de que así fuese, existen muchas madres de familia que han llegado a permitir el abuso de sus hijos, cuando el agresor llega a ser el padrastro.
La activista aseguró que es urgente que los legisladores y autoridades responsables hagan modificaciones al código penal, ya que actualmente a los violadores de niños se les castiga con menos de ocho años; mientras que los padres que incurren en el delito de omisión de cuidado son castigados con dos años de cárcel. Ruth González Serratos, catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que la edad promedio de la víctimas es de 5.7 años y el 77 por ciento son niñas, mientras que en todos los casos la víctima conocía al agresor: el hermano en 19 por ciento; el padrastro en el 18 por ciento; el tío en un 16 por ciento y el padre en un 15 por ciento. González Serratos manifestó que los menores abusados sexualmente presentan un síndrome de estrés postraumático que se manifiesta en alteraciones en los hábitos escolares en el 40 por ciento de los casos; en hábitos del sueño 10 por ciento y presentan además miedo a salir en un 70 por ciento; miedo a algún hombre en específico, a adultos en general, a que la madre sea agredida y a salir a jugar en un 60 por ciento.
Drogadicción en NL sigue en aumento
El problema de las drogas es un iceberg peligroso para la nave de Nuevo León: sobre la superficie, el dato nuevo es que en 2010 se alcanzó el máximo histórico: seis por ciento de la población tuvo contacto con alguna droga ilegal. Bajo la superficie, las autoridades estiman que por cada drogadicto en rehabilitación hay 7 u 8 que no se atienden, y que tal vez otros diez estén experimentando por primera vez un enervante. De ellos, la mitad se convertirán en adictos.
En la última década las campañas y acciones contra las drogas han sido constantes. Pero el problema no se ha reducido: cada año, en todo el país, el problema crece.
El 7 de abril se dieron a conocer las estadísticas 2010 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), y ahí aparece el valor de seis por ciento de los nuevoleoneses con algún contacto con una sustancia ilegal... o sea más allá de alcohol y tabaco.
Juan José Roque Segovia, titular del Departamento de Adicciones y Salud Mental en la Secretaría de Salud, explicó que el dato muestra una tendencia a la alza.
“Por ejemplo, en el año 2004-2005 la prevalencia de consumo señalada para una región como la de nosotros andaba alrededor de un 4.9 por ciento.
“Ahora en la Encuesta Nacional de Adicciones del año 2008 subió a 5.7; es decir que casi cada 6 personas de cada 100 en el estado de Nuevo León han consumido alguna droga ilegal en algún momento de sus vidas”.
Pero para el funcionario, un dato mucho más preocupante y del que no se sabe a ciencia cierta su magnitud es el de la llamada cifra negra.
Según indicó Juan José Roque Segovia, se estima que por cada adicto en rehabilitación existen otros 7 u 8 más que no han aceptado entrar en tratamiento para salir de su adicción.
“Lo que estamos contabilizando nosotros como casos actuales nuevos, nos referimos a los casos que por primera vez van a buscar tratamiento, lo que se llama prevalencia de tratado. Se estima que por cada muchacho que va a buscar tratamiento hay 7 u 8 que lo necesiten pero no están yendo”, dijo.
Además se estima que por cada drogadicto no atendido hay otras 9 ó 10 personas que están experimentando por primera vez alguna droga, y por lo menos la mitad se convertirán en adictos.
“En tratamiento ahorita, tenemos una estadística registrada en los últimos 10 años de alrededor de 22 mil pacientes nuevos que son acumulados”, dijo Roque Segovia.
Se estima que en Nuevo León hay de 40 a 50 mil consumidores habituales de drogas.
Más preocupado se dijo Gilberto Salazar Lozano, presidente de Unidos en la Prevención de Adicciones, quien dijo respetar las cifras oficiales pero de inmediato dijo que en sus estimaciones, si la media nacional anda en 7.1 por ciento de la población en contacto con drogas, Nuevo León debe andar cerca del 12 por ciento.
“Entonces ¿pudiéramos estar en qué cifras? ¿En un 30 por ciento más? ¿En el doble de esa situación? Mundialmente se llevan estadísticas y se dice que hasta un 12 ó 13 por ciento de la población ha probado una o varias veces algún tipo de droga; entonces hablar de un 14 por ciento ya sería duplicarlo”
“Somos respetuosos de las cifras pero yo creo que podría haber más gente emproblemada”, señaló, y dijo como ejemplo que si en 1995 llegaron a las clínicas de rehabilitación del estado mil 200 nuevos casos, en 2010 se registraron 2 mil 355 casos nuevos.
También dijo que ha habido ciclos en cuando a la droga de consumo más habitual. En 1996-97, la droga más consumida era la mariguana (más de 30% de los drogadictos la usaban), seguida por los inhalables (casi 25%). Sólo 10-12 por ciento consumían cocaína.
Para 2005, más de 50 por ciento de los pacientes dijeron que la cocaína era su droga de consumo principal. Pero del 2008 a la fecha este valor se ha vuelto a reducir. Para 2010, la cocaína era el consumo principal de 32-33 por ciento de los adictos.
En la última década las campañas y acciones contra las drogas han sido constantes. Pero el problema no se ha reducido: cada año, en todo el país, el problema crece.
El 7 de abril se dieron a conocer las estadísticas 2010 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones (SISVEA), y ahí aparece el valor de seis por ciento de los nuevoleoneses con algún contacto con una sustancia ilegal... o sea más allá de alcohol y tabaco.
Juan José Roque Segovia, titular del Departamento de Adicciones y Salud Mental en la Secretaría de Salud, explicó que el dato muestra una tendencia a la alza.
“Por ejemplo, en el año 2004-2005 la prevalencia de consumo señalada para una región como la de nosotros andaba alrededor de un 4.9 por ciento.
“Ahora en la Encuesta Nacional de Adicciones del año 2008 subió a 5.7; es decir que casi cada 6 personas de cada 100 en el estado de Nuevo León han consumido alguna droga ilegal en algún momento de sus vidas”.
Pero para el funcionario, un dato mucho más preocupante y del que no se sabe a ciencia cierta su magnitud es el de la llamada cifra negra.
Según indicó Juan José Roque Segovia, se estima que por cada adicto en rehabilitación existen otros 7 u 8 más que no han aceptado entrar en tratamiento para salir de su adicción.
“Lo que estamos contabilizando nosotros como casos actuales nuevos, nos referimos a los casos que por primera vez van a buscar tratamiento, lo que se llama prevalencia de tratado. Se estima que por cada muchacho que va a buscar tratamiento hay 7 u 8 que lo necesiten pero no están yendo”, dijo.
Además se estima que por cada drogadicto no atendido hay otras 9 ó 10 personas que están experimentando por primera vez alguna droga, y por lo menos la mitad se convertirán en adictos.
“En tratamiento ahorita, tenemos una estadística registrada en los últimos 10 años de alrededor de 22 mil pacientes nuevos que son acumulados”, dijo Roque Segovia.
Se estima que en Nuevo León hay de 40 a 50 mil consumidores habituales de drogas.
Más preocupado se dijo Gilberto Salazar Lozano, presidente de Unidos en la Prevención de Adicciones, quien dijo respetar las cifras oficiales pero de inmediato dijo que en sus estimaciones, si la media nacional anda en 7.1 por ciento de la población en contacto con drogas, Nuevo León debe andar cerca del 12 por ciento.
“Entonces ¿pudiéramos estar en qué cifras? ¿En un 30 por ciento más? ¿En el doble de esa situación? Mundialmente se llevan estadísticas y se dice que hasta un 12 ó 13 por ciento de la población ha probado una o varias veces algún tipo de droga; entonces hablar de un 14 por ciento ya sería duplicarlo”
“Somos respetuosos de las cifras pero yo creo que podría haber más gente emproblemada”, señaló, y dijo como ejemplo que si en 1995 llegaron a las clínicas de rehabilitación del estado mil 200 nuevos casos, en 2010 se registraron 2 mil 355 casos nuevos.
También dijo que ha habido ciclos en cuando a la droga de consumo más habitual. En 1996-97, la droga más consumida era la mariguana (más de 30% de los drogadictos la usaban), seguida por los inhalables (casi 25%). Sólo 10-12 por ciento consumían cocaína.
Para 2005, más de 50 por ciento de los pacientes dijeron que la cocaína era su droga de consumo principal. Pero del 2008 a la fecha este valor se ha vuelto a reducir. Para 2010, la cocaína era el consumo principal de 32-33 por ciento de los adictos.
Prerrogativas a partidos aumentan 100% en diez años en Hidalgo
Una alta rentabilidad económica han tenido los partidos políticos para sus dirigentes en Hidalgo, al lograr que durante la última década elevaran en 100 por ciento sus mesadas anuales, tanto para actividades habituales como para sus campañas.
La confronta de cantidades provenientes del erario público nos muestra que de 30 millones 857 mil pesos que obtuvieron en las elecciones municipales de 2002, en este proceso en puerta se erogarán 60 millones 946 mil pesos.
Este incremento económico no se encuentra a la par del aumento anual que sufre el salario mínimo, pues en el mismo lapso de tiempo, apenas reportó un incremento de 32.4 por ciento.
Si las propuestas políticas y sus resultados fueran contratados por alguna empresa privada, ya hubiera despedido a los partidos políticos, debido a que los resultados no se aparejan a sus gastos.
El ejemplo más simple es que en 2002 asistieron a las urnas 53 de cada cien hidalguenses, mientras en las recientes de gobernador fueron 47 los interesados por mostrar sus preferencias.
Esta ausencia de eficacia va de la mano con el hecho que en 2002 cada partido político tenía una dieta menor, porque esos 30 millones 857 mil pesos se dividían entre 11 partidos políticos con registro vigente.
Junto a estos recursos, todavía hay bonos extraordinarios como el apoyo que se les brinda a los representantes partidistas en cada casilla, el cual de manera conjunta es considerable y casi siempre sujeto al escrutinio público por algunos dirigentes partidistas que aseguran no es entregado por los líderes estatales.
De manera contradictoria a lo que se podría pensar, el Revolucionario Institucional (PRI) ha sido el menos beneficiado con este boom, pues elevó sus ingresos en cerca de 40 por ciento.
De 10 millones 53 mil, luego de nueve años, pasó a 13 millones 965 mil pesos; de acuerdo con cifras del Instituto Estatal Electoral.
Algo parecido sucede con el PRD, quien pasó de 7 millones 733 mil a 10 millones 284 mil pesos. Y quien sí alcanzó a doblar sus beneficios del erario público es Acción Nacional, quien aun cuando su representatividad no es apabullante, elevó sus ingresos del erario de 5 millones 960 mil pesos a 10 millones 284 mil pesos.
La confronta de cantidades provenientes del erario público nos muestra que de 30 millones 857 mil pesos que obtuvieron en las elecciones municipales de 2002, en este proceso en puerta se erogarán 60 millones 946 mil pesos.
Este incremento económico no se encuentra a la par del aumento anual que sufre el salario mínimo, pues en el mismo lapso de tiempo, apenas reportó un incremento de 32.4 por ciento.
Si las propuestas políticas y sus resultados fueran contratados por alguna empresa privada, ya hubiera despedido a los partidos políticos, debido a que los resultados no se aparejan a sus gastos.
El ejemplo más simple es que en 2002 asistieron a las urnas 53 de cada cien hidalguenses, mientras en las recientes de gobernador fueron 47 los interesados por mostrar sus preferencias.
Esta ausencia de eficacia va de la mano con el hecho que en 2002 cada partido político tenía una dieta menor, porque esos 30 millones 857 mil pesos se dividían entre 11 partidos políticos con registro vigente.
Junto a estos recursos, todavía hay bonos extraordinarios como el apoyo que se les brinda a los representantes partidistas en cada casilla, el cual de manera conjunta es considerable y casi siempre sujeto al escrutinio público por algunos dirigentes partidistas que aseguran no es entregado por los líderes estatales.
De manera contradictoria a lo que se podría pensar, el Revolucionario Institucional (PRI) ha sido el menos beneficiado con este boom, pues elevó sus ingresos en cerca de 40 por ciento.
De 10 millones 53 mil, luego de nueve años, pasó a 13 millones 965 mil pesos; de acuerdo con cifras del Instituto Estatal Electoral.
Algo parecido sucede con el PRD, quien pasó de 7 millones 733 mil a 10 millones 284 mil pesos. Y quien sí alcanzó a doblar sus beneficios del erario público es Acción Nacional, quien aun cuando su representatividad no es apabullante, elevó sus ingresos del erario de 5 millones 960 mil pesos a 10 millones 284 mil pesos.
Difunden autoridades japonesas alerta de tsunami tras nuevo sismo
Las autoridades sismológicas y meteorológicas de Japón difundieron esta tarde una alerta de tsunami tras un nuevo sismo en el este del país, justo a un mes del terremoto de 9.0 grados y el posterior tsunami que devastaron la misma área.
Un homicidio es cometido cada 18 horas en Torreón
Según las estadísticas que reflejan las Fiscalías de los estados de Coahuila y Durango, con sede en Lerdo y Torreón, el delito de homicidio es el que se perpetra casi a diario en la zona metropolitana de la Comarca Lagunera, y la dependencia arroja indicativos de un 76 por ciento de incremento en Torreón durante el primer trimestre de 2011, en relación con el año pasado.
Mientras que en Gómez Palacio y Lerdo, los asesinatos descendieron un 32 por ciento, en el periodo de enero a marzo de este año, en comparación con 2010.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila delegación Laguna I, contabilizó en el mes de enero de este año, 37 crímenes que fueron cometidos en diferentes colonias de la ciudad, mientras que en febrero la cifra se incrementó a 47 y en marzo disminuyó a 34 asesinatos.
Es decir, este delito en el primer trimestre del año alcanzó la cifra de 118 crímenes violentos y en el mismo lapso de 2010 registró 67 muertes.
Por su parte, la Vicefiscalía General del Estado de Durango arrojó, a través de las distintas Agencias del Ministerios Público de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Corporal, la cifra total de 82 homicidios en los tres primeros meses del año, ya que de acuerdo con los registros, enero fue el mes más violento, contabilizando 48 asesinatos.
Para febrero la cifra disminuyó considerablemente y presentó 7 fallecimientos por hechos violentos, sin embargo, la media no se mantuvo y se incrementó sustancialmente para el mes de marzo, debido a que se presentaron 27 atentados contra la vida.
De enero a marzo de este año, en la ciudad de Torreón los actos delictivos en materia de homicidio fueron a la alza, mientras que en Gómez Palacio y Lerdo tuvieron comportamientos hacia la baja.
En el año 2010, los patrones criminales fueron recíprocos.
A pesar de que el operativo “Sellamiento Nazas” que realizan las distintas corporaciones policiacas sobre los márgenes del Río Nazas, no ha logrado disminuir el delito de homicidio en la zona conurbana, las autoridades policiacas encargadas de estos desplazamientos refieren que cuentan con una estrategia de prevención al delito que está bien diseñada.
En el año 2008, los homicidios que ocurrieron en la zona metropolitana de la Comarca Lagunera excedieron los registros comparados con años anteriores, ya que en Torreón la cifra se triplicó y en Gómez Palacio aumentó a casi el doble.
Es así que entre las dos poblaciones contabilizaron 190 homicidios perpetrados.
Durante 2007, la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila tuvo registros de 37 homicidios al finalizar el mes de diciembre, y en 2008 se contabilizaron 96 asesinatos.
En Gómez Palacio, informes del Servicio Médico Forense reflejaron que la cifra pasó de 49 en 2007 a 94 en 2008.
Para hacer un comparativo, en las estadísticas se pudo apreciar que en los años 2004, 2005 y 2006 el promedio de asesinatos cometidos oscilaba entre 28 y 32 por año en el radio de la Comarca Lagunera.
En 2009, en Gómez Palacio ocurrieron 301 homicidios, y tan sólo en el primer mes del año hubo 28, cantidad que se empató con los registros de 2004 y 2005, mientras que en Torreón en ese mismo año se registraron 159 asesinatos.
Las autoridades policiacas de la Dirección de Seguridad Pública, así como la Operativa del Estado y de la Fiscalía General de Coahuila, esperan que durante 2011, se reduzca de manera considerable el delito de homicidio, ya que el operativo “Sellamiento Nazas”, que se implementó el pasado 25 de enero, está enfocado a disminuir todo tipo de actividades ilícitas, incluyendo los asesinatos, en las tres ciudades de la zona metropolitana.
Centro de Torreón representa “el foco rojo”
De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la mayoría de los homicidios han ocurrido en el sector centro de Torreón, cuya demarcación comprenden las colonias Cerro de la Cruz, Nueva Aurora, Primera de Mayo, Aquiles Serdán, Francisco I. Madero, Nuevo México, Antigua Aceitera, Cerro de las Noas, Vencedora, La Rosita, Maclovio Herrera, así como el Centro Histórico.
El segundo sector con más incidencia de crímenes se registra en las periferias y áreas despobladas que convergen con algunos ejidos, tales como La Unión, La Perla, Rancho de Afuera, Jabonoso y San Miguel.
El sector Oriente también se agrega a los registros de incidencia de crímenes violentos, ya que colonias como Las Etnias, Impulso Comunal, Eduardo Guerra, Vicente Guerrero, Los Profesionistas, Ciudad Nazas y Latinoamericana, han sido escenarios del delito de homicidio.
El sector Norte registra menores cifras en materia de atentados, pero los vecinos de las colonias Ampliación Los Ángeles, Villa Jacarandas, El Tajito, Francisco Villa y La Aviación han reportado a la línea de emergencia algunas eventualidades de acciones ilícitas.
En las colonias donde no se reportan asesinatos son las del Sur-oriente de la ciudad, tales como Zaragoza Sur, Fuentes del Sur, Los Arenales, entre otras.
Mientras que en Gómez Palacio y Lerdo, los asesinatos descendieron un 32 por ciento, en el periodo de enero a marzo de este año, en comparación con 2010.
La Fiscalía General del Estado de Coahuila delegación Laguna I, contabilizó en el mes de enero de este año, 37 crímenes que fueron cometidos en diferentes colonias de la ciudad, mientras que en febrero la cifra se incrementó a 47 y en marzo disminuyó a 34 asesinatos.
Es decir, este delito en el primer trimestre del año alcanzó la cifra de 118 crímenes violentos y en el mismo lapso de 2010 registró 67 muertes.
Por su parte, la Vicefiscalía General del Estado de Durango arrojó, a través de las distintas Agencias del Ministerios Público de la Unidad de Delitos contra la Vida e Integridad Corporal, la cifra total de 82 homicidios en los tres primeros meses del año, ya que de acuerdo con los registros, enero fue el mes más violento, contabilizando 48 asesinatos.
Para febrero la cifra disminuyó considerablemente y presentó 7 fallecimientos por hechos violentos, sin embargo, la media no se mantuvo y se incrementó sustancialmente para el mes de marzo, debido a que se presentaron 27 atentados contra la vida.
De enero a marzo de este año, en la ciudad de Torreón los actos delictivos en materia de homicidio fueron a la alza, mientras que en Gómez Palacio y Lerdo tuvieron comportamientos hacia la baja.
En el año 2010, los patrones criminales fueron recíprocos.
A pesar de que el operativo “Sellamiento Nazas” que realizan las distintas corporaciones policiacas sobre los márgenes del Río Nazas, no ha logrado disminuir el delito de homicidio en la zona conurbana, las autoridades policiacas encargadas de estos desplazamientos refieren que cuentan con una estrategia de prevención al delito que está bien diseñada.
En el año 2008, los homicidios que ocurrieron en la zona metropolitana de la Comarca Lagunera excedieron los registros comparados con años anteriores, ya que en Torreón la cifra se triplicó y en Gómez Palacio aumentó a casi el doble.
Es así que entre las dos poblaciones contabilizaron 190 homicidios perpetrados.
Durante 2007, la entonces Procuraduría de Justicia del Estado de Coahuila tuvo registros de 37 homicidios al finalizar el mes de diciembre, y en 2008 se contabilizaron 96 asesinatos.
En Gómez Palacio, informes del Servicio Médico Forense reflejaron que la cifra pasó de 49 en 2007 a 94 en 2008.
Para hacer un comparativo, en las estadísticas se pudo apreciar que en los años 2004, 2005 y 2006 el promedio de asesinatos cometidos oscilaba entre 28 y 32 por año en el radio de la Comarca Lagunera.
En 2009, en Gómez Palacio ocurrieron 301 homicidios, y tan sólo en el primer mes del año hubo 28, cantidad que se empató con los registros de 2004 y 2005, mientras que en Torreón en ese mismo año se registraron 159 asesinatos.
Las autoridades policiacas de la Dirección de Seguridad Pública, así como la Operativa del Estado y de la Fiscalía General de Coahuila, esperan que durante 2011, se reduzca de manera considerable el delito de homicidio, ya que el operativo “Sellamiento Nazas”, que se implementó el pasado 25 de enero, está enfocado a disminuir todo tipo de actividades ilícitas, incluyendo los asesinatos, en las tres ciudades de la zona metropolitana.
Centro de Torreón representa “el foco rojo”
De acuerdo con datos proporcionados por las autoridades ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la mayoría de los homicidios han ocurrido en el sector centro de Torreón, cuya demarcación comprenden las colonias Cerro de la Cruz, Nueva Aurora, Primera de Mayo, Aquiles Serdán, Francisco I. Madero, Nuevo México, Antigua Aceitera, Cerro de las Noas, Vencedora, La Rosita, Maclovio Herrera, así como el Centro Histórico.
El segundo sector con más incidencia de crímenes se registra en las periferias y áreas despobladas que convergen con algunos ejidos, tales como La Unión, La Perla, Rancho de Afuera, Jabonoso y San Miguel.
El sector Oriente también se agrega a los registros de incidencia de crímenes violentos, ya que colonias como Las Etnias, Impulso Comunal, Eduardo Guerra, Vicente Guerrero, Los Profesionistas, Ciudad Nazas y Latinoamericana, han sido escenarios del delito de homicidio.
El sector Norte registra menores cifras en materia de atentados, pero los vecinos de las colonias Ampliación Los Ángeles, Villa Jacarandas, El Tajito, Francisco Villa y La Aviación han reportado a la línea de emergencia algunas eventualidades de acciones ilícitas.
En las colonias donde no se reportan asesinatos son las del Sur-oriente de la ciudad, tales como Zaragoza Sur, Fuentes del Sur, Los Arenales, entre otras.
Autorizan traslado de agua radiactiva en Fukushima
La Agencia de Seguridad Nuclear de Japón autorizó hoy el drenaje de 700 toneladas de agua muy radiactiva que inundan una zona de la central nuclear de Fukushima, a fin de agilizar los trabajos para restaurar su maltrecho sistema de refrigeración.
Está previsto que TEPCO, operadora de la central, comience hoy a bombear ese agua, que anega una fosa cercana al reactor 2, para trasladarla a un depósito en el edificio de turbinas de esa misma unidad, informó la agencia local Kyodo.
Será llevada al depósito de un condensador con capacidad para 3.000 toneladas de agua, normalmente destinado a convertir en líquido el vapor que origina el reactor cuando funciona normalmente.
Se calcula que unas 60.000 toneladas de agua altamente radiactiva inundan diferentes zonas de los edificios de turbinas en las unidades 1, 2 y 3 de Fukushima Daiichi y es necesario retirarla para reactivar el crucial sistema de refrigeración de esos reactores.
Para obtener un lugar donde almacenar ese líquido contaminado, en la última semana TEPCO ha vertido al océano Pacífico más de 9.000 toneladas de agua con una radiactividad relativamente baja, lo que ha dejado más espacio en un depósito de residuos nucleares con capacidad para 30.000 toneladas de líquido.
De forma paralela a las labores de drenaje, los técnicos de TEPCO prosiguieron hoy con la inyección de nitrógeno en el reactor número 1 para reducir el riesgo de una eventual explosión de hidrógeno en esa unidad.
Además, continuaron con la instalación de una barrera de acero en una de las salidas próximas al reactor 2 para prevenir que se filtre más agua con material radiactivo al mar.
Los operarios de TEPCO trabajan desde hace un mes para estabilizar los reactores 1, 2 y 3 y la piscina de combustible usado del reactor 4 de la central de Fukushima, cuyo sistema de refrigeración quedó dañado por el devastador tsunami del 11 de marzo.
Está previsto que TEPCO, operadora de la central, comience hoy a bombear ese agua, que anega una fosa cercana al reactor 2, para trasladarla a un depósito en el edificio de turbinas de esa misma unidad, informó la agencia local Kyodo.
Será llevada al depósito de un condensador con capacidad para 3.000 toneladas de agua, normalmente destinado a convertir en líquido el vapor que origina el reactor cuando funciona normalmente.
Se calcula que unas 60.000 toneladas de agua altamente radiactiva inundan diferentes zonas de los edificios de turbinas en las unidades 1, 2 y 3 de Fukushima Daiichi y es necesario retirarla para reactivar el crucial sistema de refrigeración de esos reactores.
Para obtener un lugar donde almacenar ese líquido contaminado, en la última semana TEPCO ha vertido al océano Pacífico más de 9.000 toneladas de agua con una radiactividad relativamente baja, lo que ha dejado más espacio en un depósito de residuos nucleares con capacidad para 30.000 toneladas de líquido.
De forma paralela a las labores de drenaje, los técnicos de TEPCO prosiguieron hoy con la inyección de nitrógeno en el reactor número 1 para reducir el riesgo de una eventual explosión de hidrógeno en esa unidad.
Además, continuaron con la instalación de una barrera de acero en una de las salidas próximas al reactor 2 para prevenir que se filtre más agua con material radiactivo al mar.
Los operarios de TEPCO trabajan desde hace un mes para estabilizar los reactores 1, 2 y 3 y la piscina de combustible usado del reactor 4 de la central de Fukushima, cuyo sistema de refrigeración quedó dañado por el devastador tsunami del 11 de marzo.
Mueren cuatro presuntos delincuentes tras tiroteo con militares, en Tamaulipas
Un saldo de cuatro personas muertas y el aseguramiento de cinco armas largas, 68 cargadores, mil 700 cartuchos, un vehículo y diversos artículos, fue el resultado de un enfrentamiento entre personal del Ejército mexicano y un grupo de personas armadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la comandancia de la Cuarta Región Militar, informó que personal destacamentando en el municipio de San Fernando realizaba reconocimientos en las inmediaciones del Río Conchos, cuando repentinamente fue agredido con armas de fuego.
En defensa de su integridad, los militares repelieron la agresión dejando un saldo de cuatro agresores muertos, además de los aseguramientos.
La Comandancia de la Cuarta Región Militar refiere que los cuerpos de los infractores y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, a fin de que inicien las averiguaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.
Personal militar realiza estas acciones en el marco del Operativo Noreste que se realiza en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, en el combate a la delincuencia organizada tanto en área rural como urbana.
En esta localidad fue donde el miércoles pasado fueron localizadas varias fosas clandestinas con por lo menos 70 cuerpos sin vida.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la comandancia de la Cuarta Región Militar, informó que personal destacamentando en el municipio de San Fernando realizaba reconocimientos en las inmediaciones del Río Conchos, cuando repentinamente fue agredido con armas de fuego.
En defensa de su integridad, los militares repelieron la agresión dejando un saldo de cuatro agresores muertos, además de los aseguramientos.
La Comandancia de la Cuarta Región Militar refiere que los cuerpos de los infractores y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, a fin de que inicien las averiguaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades.
Personal militar realiza estas acciones en el marco del Operativo Noreste que se realiza en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, en el combate a la delincuencia organizada tanto en área rural como urbana.
En esta localidad fue donde el miércoles pasado fueron localizadas varias fosas clandestinas con por lo menos 70 cuerpos sin vida.
Gaddafi ha aceptado un plan de paz, según líder sudafricano Zuma
Muammar Gaddafi ha aceptado un plan de trabajo para poner fin al conflicto en Libia, dijo el domingo el presidente sudafricano, Jacob Zuma, después de dirigir una delegación de líderes africanos en las negociaciones en Trípoli.
Zuma, que con otros cuatro jefes de Estado africanos se reunió con Gaddafi durante varias horas en el complejo del líder libio de Bab al-Aziziyah, también pidió a la OTAN que detenga los ataques aéreos contra objetivos del gobierno libio para dar una oportunidad de alto el fuego. Ninguno en las conversaciones dio detalles de lo que contenía la hoja de ruta. Los rebeldes en contra de Gaddafi han dicho que aceptarán nada menos que un fin a cuatro décadas de poder de Gaddafi, pero las autoridades de Libia dicen que no renunciarán.
Zuma, que con otros cuatro jefes de Estado africanos se reunió con Gaddafi durante varias horas en el complejo del líder libio de Bab al-Aziziyah, también pidió a la OTAN que detenga los ataques aéreos contra objetivos del gobierno libio para dar una oportunidad de alto el fuego. Ninguno en las conversaciones dio detalles de lo que contenía la hoja de ruta. Los rebeldes en contra de Gaddafi han dicho que aceptarán nada menos que un fin a cuatro décadas de poder de Gaddafi, pero las autoridades de Libia dicen que no renunciarán.
Disminuye gasto militar en 2010
El gasto militar mundial en 2010 fue de 1,630 billones de dólares (1,125 billones de euros), un 1,3 por ciento más en términos reales que en 2009, según un informe difundido por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
Esa subida es la menor registrada desde la oleada de crecimiento mundial en gasto militar que comenzó en 2001, destacó el SIPRI, que la explica como una reacción retrasada a la crisis financiera y económica de 2008, sobre todo en el caso de Europa, donde el gasto en armas bajó un 2,8 por ciento en 2010 con respecto a 2009.
Sudamérica registró la mayor subida regional con el 5,8 por ciento, aunque con excepciones como la de Venezuela; seguida por África, con el 5,2; Oriente Medio, con el 2,5, y Asia y Oceanía, con el 1,4 por ciento.
Estados Unidos mantuvo su destacado liderazgo con un gasto de 698.000 millones de dólares (482.000 millones de euros), el 43 por ciento del total y seis veces más que el siguiente país en la lista, China, que precede por este orden al Reino Unido, Francia, Rusia, Japón, Arabia Saudí, Alemania, India e Italia.
El gasto militar en EEUU se frenó pasando de una subida media anual del 7,4 por ciento entre 2001 y 2009 a un incremento del 2,8 el año anterior, aunque los presupuestos de la Administración presidida por Barack Obama apuntan a que la inversión en defensa continúa recibiendo un "tratamiento privilegiado", según el SIPRI.
La subida del gasto militar en Sudamérica, que alcanzó los 63.300 millones de dólares en 2010 (44.000 millones de euros), se explica sobre todo por el crecimiento económico registrado en la región, menos afectada por la crisis mundial.
Razones geopolíticas explican también la modernización del sector militar de Brasil, líder regional, que quiere proyectar así "su poder e influencia" en la zona, señaló el SIPRI.
Brasil aumentó su gasto militar un 9,3 por ciento en 2010 y acaparó el 80 por ciento de la subida registrada en Sudamérica.
En el caso de Colombia, las amenazas de seguridad interna explican una subida del 7,2 por ciento el año pasado y un crecimiento del 72 por ciento con respecto a 2001.
Factores como la subida de los gastos personales, incluyendo salarios, jubilaciones y pensiones, se pueden aplicar también a muchos países, como Argentina, donde el gasto militar subió un 6,6 por ciento el año pasado.
El informe del SIPRI resaltó que, en contra de la tendencia general en la región, en Venezuela el gasto militar bajó un 27,3 por ciento y en términos reales ahora figura ligeramente por debajo del nivel de 2001.
En África, el incremento del 5,2 por ciento con respecto a 2009 se debió al aumento del gasto de cuatro de los cinco líderes regionales en esa categoría, Angola, Argelia, Marruecos y Nigeria.
Esa subida es la menor registrada desde la oleada de crecimiento mundial en gasto militar que comenzó en 2001, destacó el SIPRI, que la explica como una reacción retrasada a la crisis financiera y económica de 2008, sobre todo en el caso de Europa, donde el gasto en armas bajó un 2,8 por ciento en 2010 con respecto a 2009.
Sudamérica registró la mayor subida regional con el 5,8 por ciento, aunque con excepciones como la de Venezuela; seguida por África, con el 5,2; Oriente Medio, con el 2,5, y Asia y Oceanía, con el 1,4 por ciento.
Estados Unidos mantuvo su destacado liderazgo con un gasto de 698.000 millones de dólares (482.000 millones de euros), el 43 por ciento del total y seis veces más que el siguiente país en la lista, China, que precede por este orden al Reino Unido, Francia, Rusia, Japón, Arabia Saudí, Alemania, India e Italia.
El gasto militar en EEUU se frenó pasando de una subida media anual del 7,4 por ciento entre 2001 y 2009 a un incremento del 2,8 el año anterior, aunque los presupuestos de la Administración presidida por Barack Obama apuntan a que la inversión en defensa continúa recibiendo un "tratamiento privilegiado", según el SIPRI.
La subida del gasto militar en Sudamérica, que alcanzó los 63.300 millones de dólares en 2010 (44.000 millones de euros), se explica sobre todo por el crecimiento económico registrado en la región, menos afectada por la crisis mundial.
Razones geopolíticas explican también la modernización del sector militar de Brasil, líder regional, que quiere proyectar así "su poder e influencia" en la zona, señaló el SIPRI.
Brasil aumentó su gasto militar un 9,3 por ciento en 2010 y acaparó el 80 por ciento de la subida registrada en Sudamérica.
En el caso de Colombia, las amenazas de seguridad interna explican una subida del 7,2 por ciento el año pasado y un crecimiento del 72 por ciento con respecto a 2001.
Factores como la subida de los gastos personales, incluyendo salarios, jubilaciones y pensiones, se pueden aplicar también a muchos países, como Argentina, donde el gasto militar subió un 6,6 por ciento el año pasado.
El informe del SIPRI resaltó que, en contra de la tendencia general en la región, en Venezuela el gasto militar bajó un 27,3 por ciento y en términos reales ahora figura ligeramente por debajo del nivel de 2001.
En África, el incremento del 5,2 por ciento con respecto a 2009 se debió al aumento del gasto de cuatro de los cinco líderes regionales en esa categoría, Angola, Argelia, Marruecos y Nigeria.
AN busca modificar el Cofipe
En la recta final del actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria del PAN promueve reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para establecer límites y alcances claros en materia de administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, recuento de votos, voto de los mexicanos en el extranjero y procedimiento especial sancionador.
De acuerdo con el proyecto en análisis, se propone que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, las únicas campañas de información permitidas sean las de las autoridades electorales, educativas y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
“En ningún caso podrán difundirse obras públicas, logros ni compromisos de gobierno”, precisa la iniciativa panista.
Se propone también que la contratación, adquisición o recepción a título oneroso o gratuito en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión, constituyan infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
Además constituiría infracción de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos o en su caso de cualquier persona física o moral, contratar o adquirir, inclusive gratuitamente, propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, para su promoción personal o dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o en favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
Los concesionarios o permisionarios de radio y televisión cometerían infracciones si venden o ceden tiempo de transmisión, en cualquier modalidad, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular o si difunden propaganda política o electoral distinta a la ordenada por el Instituto Federal Electoral.
La reforma pretende establecer además que en los conteos distritales se utilicen grupos de trabajo para los casos de recuento parcial en un distrito, cuando la cantidad de casillas por recontar ponga en riesgo el cumplimiento de los plazos para los cómputos estatales y de circunscripción plurinominal.
Así como precisar con claridad que la solicitud para el recuento total de votos podrá hacerse al inicio de la sesión o cuando concluya el cómputo correspondiente.
De acuerdo con el proyecto en análisis, se propone que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y hasta la conclusión de la jornada comicial, las únicas campañas de información permitidas sean las de las autoridades electorales, educativas y de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
“En ningún caso podrán difundirse obras públicas, logros ni compromisos de gobierno”, precisa la iniciativa panista.
Se propone también que la contratación, adquisición o recepción a título oneroso o gratuito en forma directa o por terceras personas, de tiempo en cualquier modalidad en radio o televisión, constituyan infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
Además constituiría infracción de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos o en su caso de cualquier persona física o moral, contratar o adquirir, inclusive gratuitamente, propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, para su promoción personal o dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o en favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
Los concesionarios o permisionarios de radio y televisión cometerían infracciones si venden o ceden tiempo de transmisión, en cualquier modalidad, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular o si difunden propaganda política o electoral distinta a la ordenada por el Instituto Federal Electoral.
La reforma pretende establecer además que en los conteos distritales se utilicen grupos de trabajo para los casos de recuento parcial en un distrito, cuando la cantidad de casillas por recontar ponga en riesgo el cumplimiento de los plazos para los cómputos estatales y de circunscripción plurinominal.
Así como precisar con claridad que la solicitud para el recuento total de votos podrá hacerse al inicio de la sesión o cuando concluya el cómputo correspondiente.
Sin entregar registro de altas y bajas de policías 50% de estados
El desastre, descuido, desvío de recursos, así como el subejercicio y otros factores que persisten en más de 1,661 corporaciones policiacas y sus responsables municipales, estatales y federales, sustenta lo dicho del presidente Felipe Calderón y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, que las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) seguirán en las calles al menos hasta fines de sexenio, sostiene un documento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los recursos económicos federales siguen fluyendo a municipios y estados, pero éstos no han cumplido siquiera en 50% la entrega del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública dado de alta y baja, que imposibilita saber el número de expolicías que estén trabajando con el crimen organizado y los cárteles de la droga.
Este retraso elevó el problema de seguimiento a desertores, sancionados o separados de su cargo, que hoy son parte del nuevo ejército de la delincuencia. Lo que trató de evitarse en los últimos cinco años, que el personal capacitado siguiera engrosando las filas de los agresores de las fuerzas del Estado, quienes los combaten.
Esto de acuerdo con el documento “Centro Nacional de Certificación y Acreditación” del 6 de abril, entregado a legisladores por Juan Miguel Alcántara Soria, titular del SESNSP, en que expone la realidad de cómo los esfuerzos siguen encontrando resistencias e incluso bloqueos para cumplir el anhelo de contar con 32 corporaciones confiables y certificadas.
El diagnóstico
El reporte de 49 páginas entregado a El Economista manifiesta que de 32 entidades del país, el procedimiento de Registro Nacional de Persona de Seguridad Pública: Altas y Bajas hasta febrero sigue en un nivel de 45 y 47%, inferior a toda lógica sobre los compromisos adquiridos entre estados y Federación desde el 2008.
En la gráfica que puede ser consultada desde hoy en la página del Centro Nacional de Información del SESNSP, se observa que es lamentable que ningún estado pueda sustentar el cumplimiento más allá de 45% e inferior a 50%, lo que no es aceptable según los acuerdos.
Esto porque los seis compromisos que datan desde el 2007 en un pacto federal, estableció en el renglón del “Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza” entregar “las actualizaciones de altas y bajas del personal de seguridad pública en un plazo máximo de 72 horas” que se han alargado a cuatro años.
A esta problemática se debe de sumar, según el documento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que encabeza Juan Miguel Alcántara Soria, a la lentitud del desarrollo de los centros de certificación y acreditación, los cuales reportan hasta el 28 de marzo del 2011 que sólo existen cuatro centro estatales y federales acreditados, pertenecientes a la Procuraduría General de la República, la SSPF y los estados de Baja California y Guanajuato, lo que representa apenas 10% del total.
Otras entidades como el Distrito Federal, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Aguascalientes, Michoacán, Puebla, Coahuila, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Morelos y Chiapas, apenas llegan a 37.5% en ese aspecto.
Los recursos económicos federales siguen fluyendo a municipios y estados, pero éstos no han cumplido siquiera en 50% la entrega del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública dado de alta y baja, que imposibilita saber el número de expolicías que estén trabajando con el crimen organizado y los cárteles de la droga.
Este retraso elevó el problema de seguimiento a desertores, sancionados o separados de su cargo, que hoy son parte del nuevo ejército de la delincuencia. Lo que trató de evitarse en los últimos cinco años, que el personal capacitado siguiera engrosando las filas de los agresores de las fuerzas del Estado, quienes los combaten.
Esto de acuerdo con el documento “Centro Nacional de Certificación y Acreditación” del 6 de abril, entregado a legisladores por Juan Miguel Alcántara Soria, titular del SESNSP, en que expone la realidad de cómo los esfuerzos siguen encontrando resistencias e incluso bloqueos para cumplir el anhelo de contar con 32 corporaciones confiables y certificadas.
El diagnóstico
El reporte de 49 páginas entregado a El Economista manifiesta que de 32 entidades del país, el procedimiento de Registro Nacional de Persona de Seguridad Pública: Altas y Bajas hasta febrero sigue en un nivel de 45 y 47%, inferior a toda lógica sobre los compromisos adquiridos entre estados y Federación desde el 2008.
En la gráfica que puede ser consultada desde hoy en la página del Centro Nacional de Información del SESNSP, se observa que es lamentable que ningún estado pueda sustentar el cumplimiento más allá de 45% e inferior a 50%, lo que no es aceptable según los acuerdos.
Esto porque los seis compromisos que datan desde el 2007 en un pacto federal, estableció en el renglón del “Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza” entregar “las actualizaciones de altas y bajas del personal de seguridad pública en un plazo máximo de 72 horas” que se han alargado a cuatro años.
A esta problemática se debe de sumar, según el documento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que encabeza Juan Miguel Alcántara Soria, a la lentitud del desarrollo de los centros de certificación y acreditación, los cuales reportan hasta el 28 de marzo del 2011 que sólo existen cuatro centro estatales y federales acreditados, pertenecientes a la Procuraduría General de la República, la SSPF y los estados de Baja California y Guanajuato, lo que representa apenas 10% del total.
Otras entidades como el Distrito Federal, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Aguascalientes, Michoacán, Puebla, Coahuila, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Morelos y Chiapas, apenas llegan a 37.5% en ese aspecto.
Tocará el crucero Ocean Star Pacific Cabo San Lucas
Ocean Star Pacific es el nombre del primer crucero mexicano y uno de sus puntos de encalle será Cabo San Lucas.
Este buque será “un detonante del turismo en el país”, dijo el presidente Felipe Calderón Hinojosa, durante la inauguración de la nave, en Acapulco.
El crucero recorrerá el Pacífico desde Puerto Chiapas hasta Cabo San Lucas. La inversión necesaria para echar a andar este proyecto, de la empresa Ocean Star Cruises, rebasó los 80 millones de dólares, lo cual significa, mencionó Calderón Hinojosa, la creación de alrededor de 700 empleos directos y casi 3 mil empleos indirectos, así como una posible derrama económica de hasta 500 millones de pesos anuales.
Anuar Name Yapur, presidente de Grupo Name y propietario de Ocean Star Cruises, aseguró que “México deja de ser sólo consumidor de servicios de cruceros para convertirse en productor e impulsor de esta industria”.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, opinó, a su parecer, que el lanzamiento de Ocean Star Pacific dará oportunidad a los mexicanos para viajar con elegancia por todo el Pacífico, pues los costos son accesibles (alrededor de 9 mil pesos por viaje).
Este buque será “un detonante del turismo en el país”, dijo el presidente Felipe Calderón Hinojosa, durante la inauguración de la nave, en Acapulco.
El crucero recorrerá el Pacífico desde Puerto Chiapas hasta Cabo San Lucas. La inversión necesaria para echar a andar este proyecto, de la empresa Ocean Star Cruises, rebasó los 80 millones de dólares, lo cual significa, mencionó Calderón Hinojosa, la creación de alrededor de 700 empleos directos y casi 3 mil empleos indirectos, así como una posible derrama económica de hasta 500 millones de pesos anuales.
Anuar Name Yapur, presidente de Grupo Name y propietario de Ocean Star Cruises, aseguró que “México deja de ser sólo consumidor de servicios de cruceros para convertirse en productor e impulsor de esta industria”.
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, opinó, a su parecer, que el lanzamiento de Ocean Star Pacific dará oportunidad a los mexicanos para viajar con elegancia por todo el Pacífico, pues los costos son accesibles (alrededor de 9 mil pesos por viaje).
Suscribirse a:
Entradas (Atom)