El desastre, descuido, desvío de recursos, así como el subejercicio y otros factores que persisten en más de 1,661 corporaciones policiacas y sus responsables municipales, estatales y federales, sustenta lo dicho del presidente Felipe Calderón y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, que las fuerzas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) seguirán en las calles al menos hasta fines de sexenio, sostiene un documento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los recursos económicos federales siguen fluyendo a municipios y estados, pero éstos no han cumplido siquiera en 50% la entrega del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública dado de alta y baja, que imposibilita saber el número de expolicías que estén trabajando con el crimen organizado y los cárteles de la droga.
Este retraso elevó el problema de seguimiento a desertores, sancionados o separados de su cargo, que hoy son parte del nuevo ejército de la delincuencia. Lo que trató de evitarse en los últimos cinco años, que el personal capacitado siguiera engrosando las filas de los agresores de las fuerzas del Estado, quienes los combaten.
Esto de acuerdo con el documento “Centro Nacional de Certificación y Acreditación” del 6 de abril, entregado a legisladores por Juan Miguel Alcántara Soria, titular del SESNSP, en que expone la realidad de cómo los esfuerzos siguen encontrando resistencias e incluso bloqueos para cumplir el anhelo de contar con 32 corporaciones confiables y certificadas.
El diagnóstico
El reporte de 49 páginas entregado a El Economista manifiesta que de 32 entidades del país, el procedimiento de Registro Nacional de Persona de Seguridad Pública: Altas y Bajas hasta febrero sigue en un nivel de 45 y 47%, inferior a toda lógica sobre los compromisos adquiridos entre estados y Federación desde el 2008.
En la gráfica que puede ser consultada desde hoy en la página del Centro Nacional de Información del SESNSP, se observa que es lamentable que ningún estado pueda sustentar el cumplimiento más allá de 45% e inferior a 50%, lo que no es aceptable según los acuerdos.
Esto porque los seis compromisos que datan desde el 2007 en un pacto federal, estableció en el renglón del “Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza” entregar “las actualizaciones de altas y bajas del personal de seguridad pública en un plazo máximo de 72 horas” que se han alargado a cuatro años.
A esta problemática se debe de sumar, según el documento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que encabeza Juan Miguel Alcántara Soria, a la lentitud del desarrollo de los centros de certificación y acreditación, los cuales reportan hasta el 28 de marzo del 2011 que sólo existen cuatro centro estatales y federales acreditados, pertenecientes a la Procuraduría General de la República, la SSPF y los estados de Baja California y Guanajuato, lo que representa apenas 10% del total.
Otras entidades como el Distrito Federal, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Aguascalientes, Michoacán, Puebla, Coahuila, Veracruz, Querétaro, Nuevo León, Sonora, Morelos y Chiapas, apenas llegan a 37.5% en ese aspecto.
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