A dos meses de la administración del priísta Miguel Alonso Reyes, se emitieron los primeros resultados de las presuntas irregularidades cometidas en la administración de la perredista .
La Contraloría del estado señaló una serie de anomalías en licitaciones, obras, duplicación de costos en adquisiciones y servicios, obras inexistentes y desvíos de recursos para pagos de nóminas de tres funcionarios que fueron candidatos en las pasadas elecciones.
Por el momento, se anticipan notificaciones a funcionarios, contra los que se procederá penalmente si no solventan las irregularidades en un lapso de 15 días.
El contralor Guillermo Huizar Carranza -de extracción petista- adelantó que apenas se lleva un avance del 2% n la fiscalización del presupuesto estatal.
En conferencia ofrecida en la noche, el contralor detalló los primeros resultados.
Una de las principales construcciones señaladas por el contralor fue una de las megaobras que la perredista Amalia García alardeó como la Plaza Bicentenario, ubicada en el Centro Histórico de la capital, en la que refiere que se detectaron "precio alzados" y daño patrimonial por la empresa contratista con un monto de 26 millones de pesos.
Mencionó que para dar mayor certeza a los valores propuestos por la empresa contratista, denominada Gales, hubo un exceso por 15 millones de pesos, con base en los montos documentado directamente por la empresa CEMEX, que acredita que el precio de mercado de un metro cúbico tiene un costo de mil 459 pesos, similar al emitido por expertos universitarios de mil 966 pesos.
Por tanto, consideró que se puede certificar que la empresa contratista cobró por este concepto 3 mil 750 el metro cúbico, ocasionando un daño patrimonial por 23 millones de pesos, ya que obra presenta un valor por 46 millones de pesos.
La Contraloría Interna del Estado también reportó que en la Junta Estatal de caminos se emitieron 32 observación, porque hay evidencias de 16 "obras inexistentes", que están pagadas al 100%.
Se han ubicado los tramos, nombres de contratistas, plazos y cheques 9787 y 9788 con fecha de 29 julio 2010 para la adquisición la carpeta asfáltica por un monto de 6.6 millones 5.3 millones.
El contralor también señaló el proyecto aeroespacial, uno de los más importantes del sexenio anterior, donde se refiere que a pesar de que se han pagado 330 millones de pesos y se deben aún 147 millones más, el avance de la obra no corresponde, ya que debió concluirse desde el año pasado, aunado a un pago adicional al inversionista por la adquisición de la reserva territorial que es de 102 millones 292 mil, pero se ha constatado que se compraron 43 hectáreas fuera del polígono correspondiente con un monto de 26 millones de pesos.
También reveló que el Gobierno del estado ha sido emplazado por la Secretaría de la Función Pública para que regrese a favor de la Tesorería de la Federación 610 millones 658 mil 079.54 pesos, por irregularidades detectadas en el ejercicio de programas como los de FONREGIÓN, PROSAPYS, APAZU.
Candidatos que cobraban
Además de que se detectaron ingresos de los servidores públicos fuera de lo declarado y de encontrar que varios funcionarios, quienes contendieron a un cargo de elección popular en las campañas electorales 2010, siguieron cobrando sus quincenas.
Candidatos que cobraban
Además de que se detectaron ingresos de los servidores públicos fuera de lo declarado y de encontrar que varios funcionarios, quienes contendieron a un cargo de elección popular en las campañas electorales 2010, siguieron cobrando sus quincenas.
Los señalados son Jorge Miranda, Juan Antonio Rangel e Iván de Santiago, ex secretario de Finanzas, Desarrollo Agropecuario y del Instituto de la juventud, respectivamente, quienes contendieron por una diputación local, así como a las alcaldías de Fresnillo y Villanueva, respectivamente.
Se refiere que a pesar de renunciar su cargo en febrero, cobraron más de cuatro quincenas por montos entre 250 mil y 210 mil pesos cada uno.
Mientras que los funcionarios que reportaron ingresos menores a los declarados son Jorge Miranda, David Eduardo Rivera Salinas, ex director del Instituto de Cultura e Iván de Santiago, pero señaló que principalmente el primero su declaración es millonaria a lo reportado.
Huizar precisó que el procedimiento no ha terminado, pero con los resultados se notificarán a cada uno de los presuntos responsables que tendrán 15 días para que argumentar en lo que en su derecho proceda.
En caso contrario, advirtió que se notificara las sanciones a las que haya lugar o instaurar los procedimientos penales a que haya lugar en base a cada expediente al Agente del Ministerio Público aplique a lo que el derecho proceda.
