Los diputados de la Comisión de Administración de la 58 Legislatura local ordenaron el pago de un sobresueldo que suma 1.5 millones de pesos a dos empleados del Congreso de Jalisco, lo que viola la Ley Antibonos aprobada en 2004.
Con un acuerdo individualizado de dos hojas firmado por todos los integrantes de la comisión, encabezada por el priista Jorge Arana, se pidió que la secretaría general pagara a partir de enero de 2008 una compensación de 15 mil pesos quincenales libres de impuestos al secretario técnico de esa comisión, Omar Rojas, y al jefe del departamento de Adquisiciones, Carlos López Valdivia.
Rojas, hermano de la regidora tapatía Gloria Rojas, y López Valdivia eran piezas clave en los trámites de compra y manejo de los recursos financieros de la Legislatura.
Este bono se pagó durante dos años un mes y representa el 60 por ciento del salario que recibían Rojas y López Valvidia, que era de 25 mil pesos libres de impuestos por quincena.
"Se instruye al secretario general y a la dirección de control presupuestal y financiero del H. Congreso del Estado a entregar al jefe del Departamento de Adquisiciones, Lic. Carlos López Valdivia, una compensación de 15 mil pesos por quincena libres de impuestos a partir de enero del 2008", señala el documento con fecha 18 de enero de 2008, del cual REFORMA tiene copia.
El otro acuerdo señala exactamente lo mismo, pero evita mencionar el nombre y sólo pone el cargo de secretario técnico. Se desconoce si hubo más acuerdos de este tipo en esa Legislatura.
Esta situación se compara con lo ocurrido con el pago de 9.8 millones de pesos adicionales al sueldo del Auditor superior, Alonso Godoy.
El ex secretario general, Luis Octavio Pérez Pozos, suplente en varias ocasiones del titular Alfredo Argüelles, señaló que como empleados de los diputados sólo ejecutaban lo que les pedían, y su respaldo son esos acuerdos por escrito.
"Un secretario general no tiene ese libre albedrío de poder disponer de los recursos a su antojo, todo tiene que ser en base a instrucciones que te da la Comisión de Administración", argumentó.
Pérez Pozos reconoció que en algunos casos los integrantes de la Junta de Coordinación Política también estaban involucrados porque tomaban acuerdos que enviaban a la Comisión de Administración y ésta a la Secretaría general.
Recomendó que los legisladores locales realicen los cambios a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para acortar las facultades de la Comisión de Administración.
El Artículo 54 bis 1 de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco señala que queda prohibido para todo servidor público otorgar o recibir prestaciones distintas a las establecidas en esta ley y demás disposiciones legales aplicables.
Los integrantes de esta Comisión fueron la panista Angélica Aguirre Varela, el perredista Samuel Romero Valle, el de Nueva Alianza, José Guadalupe Madera Godoy, el petista Alfredo Zárate Mendoza, el ecologista Luis Manuel Vélez Fragoso y Arana.
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