El locker del marino Paolo César Cano Montero estaba cerrado con candado. En la base naval de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un uniformado tomó unas tuercas y reventó el metal. Adentro estaban la ropa del marino y su teléfono celular sin chip.
Gregorio Cano, padre del joven de 26 años, tomó las pertenencias y las revisó. Estaban todas las prendas de vestir que María Esther Montero de Cano le empacó una semana atrás.
"Su hijo desertó", le dijo el uniformado y lo acompañó a la salida del 20 Batallón de Infantería de Marina. Era el 12 de noviembre del 2010.
Dos semanas antes, el 29 de octubre, Paolo salió francoa a disfrutar de su día de descanso, pero ya no regresó.
El joven tenía dos años de haber ingresado a la Marina, donde trabajó en operativos de combate al crimen organizado y quema de estupefacientes en Sinaloa, Nuevo León y Veracruz.
Su base estaba en el 27 Batallón de Infantería de Marina, en Cuemanco, en el DF., pero el 24 de octubre fue comisionado al 20 Batallón. La noche del día 28 fue la última ocasión que su madre habló con él por teléfono.
La versión oficial que la Secretaría de Marina dio a los padres en el oficio número 0046, con fecha del 3 de enero de 2011, es que el joven "cometió el delito de deserción" al no presentarse a los tres días de su franquicia reglamentaria, como lo establece el artículo 255 del Código de Justicia Militar.
Sin embargo, Gregorio y María Esther aseguran que no han sido informados de que se haya iniciado un procedimiento penal contra su hijo.
"Paolo hablaba con nosotros cada tercer día. Si hubiera desertado, nos lo habría dicho. Teníamos una comunicación muy estrecha", dice en entrevista María Esther, maestra ahora responsable de sostener a la familia, mientras su esposo se concentra en la búsqueda.
Gregorio asegura que, en el 27 Batallón de Infantería Naval, un oficial a quien conocen como el capitán Morales les dijo que su hijo fue "levantado" afuera de un puesto de comida callejero por un grupo de sujetos que viajaban a bordo de un carro amarillo.
El 1 de noviembre, el día del cumpleaños de Paolo, fue cuando la familia comenzó a sospechar de que algo no estaba bien. Entonces denunciaron la desaparición ante la PGR y el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes en el DF, además de presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
"No sabemos nada. Encima nos mienten", dice Gregorio en una oficina de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organismo que los acompaña jurídicamente.
En la búsqueda, Gregorio logró contactar por separado a dos personas que dijeron ser del crimen organizado.
"Me dijeron que habían checado y no tenían conocimiento de que mi hijo estuviera 'levantado' al menos no en su zona. A lo que uno tiene que recurrir porque las autoridades no informan", advierte Gregorio.
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