El primer ministro francés, François Fillon, respondió hoy a las acusaciones contra los servicios secretos de haber espiado presuntamente a periodistas que investigan temas sensibles para el Gobierno, como el escándalo Bettencourt, y aseguró que respetan la legalidad.
"La verdad es que no hay ningún complot, sólo el interés nacional que requiere que los servicios de información tengan medios de acción para luchar contra el terrorismo, contra el espionaje, contra la criminalidad organizada respetando estrictamente la legalidad", declaró Fillon en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.
Insistió en que "esa es la línea de conducta del Gobierno. El resto son fantasmas", en respuesta al jefe del grupo de los diputados socialistas, Jean-Marc Ayrault, que le había preguntado sobre la filtración de una nota del jefe del gabinete del primer ministro dirigida al departamento de Interior para recordar cuáles son las reglas para practicar escuchas telefónicas.
El jefe del Gobierno replicó a Ayrault que con sus insinuaciones sobre el espionaje de periodistas a instancias del presidente de la República, Nicolas Sarkozy, se había "equivocado de época", en alusión a la del ex jefe de Estado socialista François Mitterrand, del que dijo que "escuchaba a todo París".
Recordó que desde 1991 hay una ley que fija las reglas legales para que los servicios secretos hagan escuchas y también una Comisión Nacional de Control de Interceptaciones de Seguridad (CNCIS), que emite recomendaciones sobre las que Fillon dijo que está "muy atento para que se cumplan".
Precisamente, la pregunta del diputado socialista se basaba en la confirmación de la CNCIS de que el mes pasado el gabinete de Fillon envió una nota al Ministerio del Interior para señalar que "la ley prohíbe a los servicios de información obtener directamente de los operadores de telefonía las facturas detalladas".
Para varios medios de comunicación, esa nota es una confirmación de que el contraespionaje se había hecho con la factura telefónica de un periodista de "Le Monde" para saber que utilizó a un alto funcionario del Ministerio de Justicia como fuente de sus noticias sobre el escándalo acerca de la multimillonaria Lilliane Bettencourt y que salpica al titular francés de Trabajo, Eric Woerth.
Ese alto funcionario que trabajaba con la ministra de Justicia, Michèle Alliot-Marie, fue trasladado a otro puesto tras las pesquisas de la Dirección Central de Información Interior (DCRI).
Tanto 'Le Monde' como 'Le Canard Enchainé' y 'Médiapart' han acusado al DCRI de haber dirigido, a instancias del Elíseo y del Ministerio del Interior, la vigilancia de periodistas que investigan el caso Bettencourt.
El responsable de la DCRI, Bernard Squarcini, ha denunciado a 'Le Canard Enchainé' por difamación, ya que el semanario satírico le había identificado como el responsable de esas supuestas operaciones de vigilancia de la prensa.
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